Al jefe del equipo negociador del Gobierno, Humberto de la Calle (2014), le tocó salir a los medios para explicar por qué se decidió revelar los textos de los tres temas acordados hasta el momento con la guerrilla: tierras, participación política y drogas ilícitas. De la Calle recordó que desde el inicio de conversaciones, y de acuerdo a lo establecido en el Acuerdo General del 2012, el Gobierno Nacional ha insistido en preservar la confidencialidad.
“Sin embargo, tenemos que reconocer que estos esfuerzos de transparencia no han sido suficientes y han dejado margen a la especulaciones, incluso a malintencionadas. Han puesto en circulación clase de versiones y rumores y pretenden desinformar, crear desconfianza y que no corresponden a lo acordado”, señaló De la Calle.
La persistencia de los cultivos ilícitos en Colombia se debe principalmente a la pobreza y marginalidad por la que ha pasado nuestro país a pesar de los esfuerzos que ha hecho el gobierno para contrarrestar esto, basados en aumentar los precios y disminuir el consumo han fracasado. Tanto así que la calidad de las sustancias han aumentado y así también su demanda. La producción y la comercialización de drogas han tenido graves efectos sobre el campo y la ciudad, afectando el goce de sus derechos y libertades, frente a esto el fin del conflicto debe representar oportunidades para solucionar el problema de drogas ilícitas.
Estas soluciones tendrán un enfoque general de derechos humanos y salud pública, intensificación de esfuerzos desarticulación de organizaciones criminales, tratamiento especial a cultivadores y consumidores de drogas ilícitas. Dichas soluciones transformes territorios y creación de condiciones de bienestar, pero que también intensifiquen la lucha contra las organizaciones criminales del narcotráfico. Todo lo anterior será posible con el compromiso del gobierno, los comunidades, sociedades e incluyendo el compromisos de las FARC- EP de contribuir con la solución definitiva del problema de drogas ilícitas.
El compromiso del gobierno nacional es adelantar políticas y programas con respecto a ese punto, enfrentar las instituciones corruptas causadas por el problema de las drogas ilícitas, mientras que las FARC-EP contribuirían con la solución definitiva del problema de las drogas y el contrabando, el compromiso de la sociedad y las comunidades en general, se comprometieron a rechazar toda relación con dicho problema.
Con el fin de generar condiciones para el campesinado en situación de pobreza y sabiendo que sus ingresos económico provienen de cultivar estas drogas, se pondrán en marcha programas para sustituir la cultivación de drogas ilícitas. Estos programas tendrán un carácter civil sin perjuicios, e incluyendo seguridad y protección a las comunidades a la hora de toma de decisiones y construcción de soluciones.
En el estudio presentado por el Centro de pensamiento Estratégico del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, nos explican como Colombia lleva más de cuatro décadas luchando contra éste mal que ha afectado la economía nacional. Históricamente en Colombia los conflictos internos o han dejado de sucederse en los últimos 150 años, pues además de las batallas independentistas hoy observamos el conflicto protagonizado por ideas de izquierda y derecha con raíces que reivindiquen el derecho a la tierra, la paz, la libertad, el trabajo y La igualdad de derechos vs intereses internacionales monetarios que inciden de manera directa en la gobernabilidad de nuestro país.
En uno de sus apartes, el Centro de Pensamiento Estratégico afirma, “en diferentes informes de las autoridades estadounidenses y de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Colombia es identificada como uno de los principales países productores de cocaína, así como un productor importante de opio y heroína (UNODC, 2012a, p. 26 a 29), y de marihuana (UNODC, 2012a, p. 49 a 51). Según el Departamento de Justicia (DoJ) de Estados Unidos, un 95,5% de la cocaína incautada en ese país proviene de Colombia (United States Department of State, Bureau for International Narcotics and Law Enforcement Affairs, 2012, p. 168). La UNODC señala que casi la totalidad de la cocaína que llega a Estados Unidos proviene de Colombia; en el mercado europeo, por otra parte, la oferta se ha venido un cambio desde 2006: pese a que aún hay cocaína colombiana, en ella también participan Perú y Bolivia (2012a, p. 2)”.
En nuestra historia, también se demuestra que los presentes, no son los primeros antecedentes de acuerdos de desmovilización y entrega de armas entre grupos guerrilleros y gobiernos; podemos recordar la primera desmovilización de guerrilleros en los llanos orientales de los cuales muchos murieron asesinados y los otros retornaron por la falta de garantía al “monte”, hasta el día de hoy se sigue expresando este fenómeno, no sin antes recordar que grupos como el M-19, EPL (Ejército Popular Liberador), el QUINTIN LAME (indígenas), PERT (Partido Revolucionario de los Trabajadores) lograron su desmovilización y participación política en la asamblea nacional constituyente que dio origen a nuestra nueva y actual constitución.
Es así como han desarrollado en la Habana cuba un acta de compromiso frente al tema de drogas ilícitas, dicha acta presenta estrategias de participación y concertación con las comunidades campesinas que se pongan de acuerdo en mecanismos voluntarios para la sustitución de cultivos ilícitos, igualmente para la erradicación de cultivos sin dañar los ecosistemas, propone programas de apoyo solidario para las comunidades campesinas más pobres; en el área de los consumidores abordar la problemática como un tema de salud pública, abriéndose de esta manera el debate en torno a la legalización y control institucional de los cultivos ilícitos, todo esto necesariamente acompañado de cambios en la visión y voluntad política de los estados a nivel interno en sus estrategias para combatir el fenómeno del narcotráfico. Tanto gobierno como FARC asumen un compromiso en la divulgación y socialización para que se adelanten en comunidades procesos organizativos que permitan la implementación de los acuerdos.
Para el analista León Valencia se mostró optimista con lo anterior, ya que para él, “lo sucedido es lo que el país estaba esperando para salir del escepticismo en que muchos han puesto el proceso de paz”.
Política antidroga integral, soberana, democrática y participativa, orientada a los campesinos y a los consumidores: Con esto se busca que se consideren las fases del proceso de producción circulación, distribución y consumo de drogas ilícitas, estas políticas deberán ser construidas en forma democrática y participativa para lo cual se han establecidos unos puntos a desarrollar como el diseño y la implementación de la Política antidrogas, será de carácter integral y diferenciado lo cual implica que la situación de los campesinos productores se va a tratar con un problema social, de igual manera la de los consumidores será tratado con una problemática de salud pública. La Política Antidrogas Soberana, Democrática Y Participativa, lo cual compromete diseños con la relación, condición y la naturaleza socioeconómica de la problemática tal como la que vive en el territorio; los aportes de la comunidad académica, científica e internacional. Esta política debe apoyarse con la comunidad académica y científica o también denominados misión de expertos la cual se va a encargar de dar recomendaciones, propuestas y lineamientos para ser tenidos en cuenta en la “Comisión para el diseño y el seguimiento de una política nacional antidrogas democrática y participativa”, donde se incluyen protecciones especiales a los productores de hoja de coca y consumidores de drogas ilícitas y al conjunto de condiciones sociales, política, económicas y jurídicas, con el fin de que los consumidores y productores no sean señalados y perseguidos por nadie, sino que por el contrario estos se conviertan en personas de bien hasta líderes políticos.
Jaime Zuluaga, doctor en Derecho y Ciencias Políticas, se sumó a los conceptos positivos del acuerdo y“consideró el anuncio de este acuerdo como un hecho“altamente positivo”, pues dice que demuestra que el proceso se sigue consolidando, además de que -dice- manifiesta la voluntad política que tienen las Farc creando así "condiciones para hacer irreversible el proceso de paz"".
Condiciones estructurales para la superación de los usos ilícitos de los cultivos de coca, marihuana y amapola: En el presente punto se tendrán en cuenta diferentes aspectos tales como Diseño e implementación del “Programa Nacional de sustitución de los usos ilícitos de los cultivos de coca, amapola y marihuana”.Ello se estará tratando como un capítulo especial del proceso de la reforma rural y agraria integral. En este orden de ideas tenemos el reconocimiento y respeto de los territorios de las comunidades campesinas, indígenas y afro-descendientes, tendrá su fuerte en la protección constitucional y legal de los territorios antes mencionados, por otro lado tenemos la prevalencia de los derechos humanos en las políticas de sustitución de los usos ilícitos de los cultivos, prevalecerán los derechos humanos, así mismo trato especial a la mujeres y jóvenes sembradores de cultivos ilícitos. Ahora es tiempo de hablar acerca de “buen vivir” para las comunidades campesinas y los núcleos familiares que las conforman, aquí se les brindaran unas condiciones adecuadas a los productores de estos cultivos, apoyándolos con empleos e ingresos dignos para así dar cabida al último requisito de este punto, mejoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores de los cultivos de hoja de coca, amapola y marihuana.
Reconocimiento y estímulo a los usos alimenticios, nutricionales, medicinales, terapéuticos, artesanales, industriales y culturales de los cultivos de coca, marihuana y amapola. En este capítulo se busca como su nombre lo indica, el reconocimiento y estimulo de los diferentes usos que tienen los cultivos de coca, marihuana y amapola por parte del estado y la sociedad en general, esta última es un poco más escéptica en cuanto a al tema. Analizando los modelos de Bolivia y Perú, que han demostrado que estos cultivos pueden tener lógicas distintas y ser aseguradoras de alternativas económicas para las comunidades cultivadoras, pues son generadores de empleos e ingresos.
En este capítulo se plantean 5 puntos sobre cómo debe ser puesto en práctica este acuerdo.
En el primer punto se debe hacer reconocimiento y difusión de las cualidades alimenticias, nutricionales, medicinales y terapéuticas de estos cultivos teniendo en cuenta los estudios académicos y las investigaciones científicas, sin olvidar los conocimientos y practicas ancestrales de los pueblos originarios sobre este tema, para el conocimiento de la población. El segundo punto plantea el reconocimiento y estimulación a los usos lícitos de estos cultivos, a través de una política dirigida y regulada por el estado, pero contando con la participación de los productores, indígenas, campesinos y demás partes implicadas. En tercer lugar y teniendo en cuenta los estudios previos se propone la identificación y el estímulo de la producción y procesamiento artesanal e industrial de dichos cultivos. Por lo que en el cuarto se establece que el estado será quien regule la producción y el mercado de estos cultivos y sus procesados, creando para tal fin la institución reguladora que se amerite, con el fin de garantizar la sostenibilidad de la producción, sin dejar de lado la sostenibilidad ambiental. Finalmente el quinto y último punto busca la protección y aprehensión de las prácticas ancestrales de los pueblos indígenas, dándole el valor cultural que merece.
El exconsejero Nacional de Paz Armando Borrero, coincide en destacar el acuerdo. “Fue una decisión muy oportuna, teniendo en cuenta la ofensiva de la extrema derecha contra el proceso de paz en este tiempo de campaña”, afirma, y agrega que este tercer acuerdo que se logra con las Farc es clave en el proceso de paz, porque el“narcotráfico es el motor de toda la violencia que vive Colombia actualmente”.
Sustitución de los usos ilícitos de los cultivos de coca, marihuana y amapola y planes de desarrollo alternativo. Aquí se encuentran las FARC-EP en la mesa de diálogo de la habana cuba presentando un programa nacional de los usos ilícitos de coca, marihuana y amapola en donde definen los propósitos y objetivos del programa, como también los requerimientos necesarios para llevarlo a cabo, la forma de financiación y las diferentes políticas con las que se debe comprometer el Estado Colombiano para combatir y eliminar esta problemática de los cultivos ilícitos para así mejorar las condiciones de vida de los campesinos que actualmente sus ingresos provienen de este medio ilegal.
En dialogo con la prensa, el grupo insurgente expresó que “El compromiso de la guerrilla fue anunciado como parte del acuerdo sobre drogas ilícitas alcanzado en La Habana entre los negociadores del Gobierno colombiano y de ese grupo insurgente en los diálogos de paz iniciados en 2012. También se mostraron dispuestos a contribuir con una solución efectiva por medio del diseño de una ‘política criminal’ que consiste en la redefinición de la política de drogas que se centra en la “encarcelación y en el desmantelamiento de bandas dedicadas al tráfico y lavado de activos“. Además, insistieron en la “suspensión inmediata de las aspersiones aéreas de glifosato y la reparación integral de las víctimas” e hicieron énfasis en que los programas utilizados para erradicar los cultivos de droga “fracasaron” y que solo ha traído daños a los habitantes. Todo esto en el marco del tercer acuerdo alcanzado con el grupo negociador del Gobierno”.
Las instituciones encargadas para esto son las Asambleas y Consejos comunitarios, los cuales serán respetados sus ideales y políticas establecidas. Estas entidades tienen como función principal crear, diseñar, ejecutar y asignar los recursos, de igual forma realizar un seguimiento al programa y evaluarlo dependiendo la jurisdicción aplicada.
Establecido y aceptado la participación a este programa nacional, los campesinos serán beneficiarios en compensaciones e incentivos que consiste en suministrar un pago mensual para dichos núcleos familiares productores hasta que se garantice la sostenibilidad económica del plan de desarrollo alternativo. Este plan mencionado anteriormente consiste en un acompañamiento previo de expertos y técnicos elaborado a un plazo de cinco años en los que se pacta entre el trabajador y el Estado en donde se garanticen la sostenibilidad económica del productor el cual sustituirá por el cultivo ilícito, a más de la implementación de un buen sistema de transporte, infraestructura, educación, salud y la protección de sus bienes raíces.
La financiación del Programa y de los Planes de desarrollo alternativo que lo conforman correrá en su totalidad por cuenta del Estado. Para tal efecto se conformará un Fondo Nacional. Las fuentes de financiación del Fondo serán las siguientes: a) Asignaciones establecidas en el Plan de Inversiones del Plan Nacional de Desarrollo. b) Asignaciones específicas del presupuesto general de la Nación. c) Recursos provenientes del Sistema General de Regalías. d) Recursos provenientes de la reducción del gasto en seguridad y defensa, en proporción igual a los ahorros fiscales generados por la desmilitarización de los territorios y zonas objeto del programa. e) Recursos provenientes de la suspensión inmediata de los programas de aspersión aérea con agentes químicos, especialmente con glifosato, y de la erradicación forzada. f) Aportes de la comunidad internacional, especialmente de los países consumidores del capitalismo central y de sus Estados; igualmente de empresas transnacionales y de organismos no gubernamentales. g) Sin perjuicio de los aportes del presupuesto general de la Nación, en el nivel territorial y local, el Programa contará con fondos provenientes de los presupuestos departamentales y municipales, de los departamentos y municipios comprometidos en su implementación. Los aportes de las comunidades campesinas y los núcleos familiares que las conforman serán con trabajo, y serán remunerados por el Estado.
El Fondo Nacional se desagregará en Fondos territoriales y locales, que asignarán los recursos para la respectiva jurisdicción. Los recursos asignados serán administrados en forma directa y autónoma por las Asambleas y los Consejos comunitarios.
Sin perjuicio de las funciones de seguimiento y control del Programa, así como de los planes de desarrollo alternativo que le corresponden a las Asambleas y Consejos comunitarios, a los Consejos Locales, a los Consejos Territoriales y al Consejo Nacional del Programa, se conformará de manera concertada una “Veeduría internacional de seguimiento y control del Programa” en todos sus niveles. La veeduría estará conformada por representantes de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), de Unasur y de la comunidad académica. La Veeduría presentará informes semestrales de cumplimiento de metas y compromisos del Programa y podrá hacer recomendaciones para su mejor cumplimiento. Se ordena la suspensión inmediata de las aspersiones aéreas con glifosato y la reparación integral de sus víctimas, la suspensión inmediata de las aspersiones aéreas con agentes químicos y de los programas de erradicación forzada.
Se efectuará el censo individual y colectivo de víctimas de las aspersiones aéreas con agentes químicos, para bríndales una solución a este problema y la reparación integral de las víctimas de las aspersiones aéreas con agentes químicos. Las víctimas de las riegos aéreos se comprenderán como parte de las víctimas del conflicto; esto hace referencia a las iniciativa que tiene el gobierno de reparar e integrar a las personas a la reparación pactadas por el Estado colombiano con la hermana República del Ecuador en reconocimiento de los daños causados por las aspersiones realizadas sobre parte del territorio y de los habitantes de ese país.
Se creará un Fondo para la reparación de las víctimas de las aspersiones aéreas con agentes químicos. Además de los recursos a proveer por el Estado colombiano, resultantes del ahorro fiscal que produce la suspensión inmediata de las aspersiones aéreas De igual manera, los Estados Unidos de América se liarán a las transnacionales productoras de los agentes químicos.
Desmilitarización de la política antidroga, no intervencionismo y descriminalización de los pobres del campo. Este consenso de los territorios y de la política antidroga, La desmilitarización constituye uno de los pilares de una nueva política antidrogas. Esto hace que la política tenga mucho que ver con los planes o proyectos contra insurgentes dando mucho que se ostente contra los territorios como campesinos, indígenas y afrodescendientes, y el disciplinamiento social esta está basada en la ocupación militar y la represión sobre la población. Conlleva por tanto, poner fin a la “Política nacional de consolidación territorial” y a los “Planes de consolidación territorial”, así como el cierre definitivo de la Unidad Administrativa Especial de la Consolidación Territorial. Y en lugar de ello, formular y ejecutar “Planes Territoriales de construcción de paz”, tomando como ejes fundamentales “Planes de desarrollo alternativo” formulados por las comunidades campesinas y afrodescendientes, o los“Planes de vida” concebidos por las comunidades y pueblos indígenas. La desmilitarización debe extenderse igualmente a los centros urbanos y conlleva por tanto el cese de estrategias de control y represión sobre zonas pobres y deprimidas de las ciudades con el argumento de la “guerra contra las drogas”.
Es así como se tiene otro punto, el cual se abordara y hablara una breve descripción de estos: no intervencionismo, autonomía y autodeterminación de la política anti-drogas, lo primero se debe poner un fin a la participación de otros países como los Estados Unidos, los Israelitas y la CIA y tomar las respectivas participaciones por parte de nuestro mismo país como una nación encaminada contra la lucha y erradicación de las bandas contra el narcotráfico, Colombia debe fundamentarse en los principios de la soberanía, la autonomía y la autodeterminación de la Nación, para acabar contra la guerra de las drogas.
La problemática de las drogas es un enfoque que conlleva a la naturaleza socioeconómica y cultural de éste problema del narcotráfico, como lo son las drogas ilícitas. Para el analista político Alejo Vargas, este acuerdo significa un gran paso en las negociaciones. "Indica que estas conversaciones cada vez se vuelven más irreversibles". Esto, considera Vargas, significa para el país un gran avance, teniendo en cuenta que el narcotráfico, así como la lucha por la tierra, han sido siempre pilares fundamentales de la guerra nacional. Los campesinos productores y trabajadores de cultivos, así como consumidores de drogas psicoactivas son sometidos hasta ahora a la violación permanente de sus derechos, ellos, merecerán tratamiento especial en atención al carácter socioeconómico y de salud pública o social de este problema. En cuanto a la descriminalización de los productores y trabajadores de los cultivos y de los consumidores de drogas psicoactivas, la política antidrogas exige una nueva estrategia por parte del estado para acabar contra las persecuciones de este sector que enmarca la producción y consumo de drogas ilícitas y el encarcelamiento de los principales beneficiarios del mercado. Las acciones de cooperación internacional contra el crimen organizado transnacional en ningún momento se llevarán a cabo con menoscabo a la soberanía y la autodeterminación de la nación o país.
En el marco del punto de la erradicación de las drogas ilícitas muchos aspectos son tenidos en cuenta, este es un problema que desencadena delincuencia y otro tipo de actos ilegales dejando muchas víctimas; pero una contradicción se presenta cuando se percibe que en varios estados y países del mundo esta sustancia alucinógena es legal porque se ha comprobado por una serie de estudios que aporta múltiples beneficios para el alivio de síntomas de algunas enfermedades degenerativas y por el gran rendimiento que le proporciona a los deportistas que la consumen de diferentes maneras. Lo que es aprovechado por los grupos criminales y narcotraficantes para aumentar el cultivo, procesamiento, comercialización y exportación en grandes cantidades.
La prohibición de las diferentes drogas no se debe tanto a que sean o no “ilícitas”, sino, más bien a que su consumo excesivo produce adicción y dependencia, criminalizando a estas personas adictas y convirtiéndolas en objeto de “vergüenza y mal ejemplo”para los ciudadanos, mientras que quienes la consumen por causas medicinales se les convierte en focos de “políticas de control y seguridad” por ser estas registradas y controladas por quienes son responsables de la ciudadanía. En lugar de estigmatizar a quienes la consumen, sea cual sea el motivo se debe promover procesos que acaben en su totalidad con esta “guerra de las drogas” que ha causado miles de muertes en el país.
El expresidente Álvaro Uribe Vélez (2014), un acérrimo contradictor del proceso de paz expreso, que "En materia de drogas ilícitas, el Gobierno lo que ha hecho es recoger todo el documento de drogas de las Farc, le hizo lo que llaman los muchachos un 'copy-paste', le hizo una fotocopia a lo que habían dicho las Farc y los firmó el Gobierno".
Un argumento bastante importante en la búsqueda de una solución a la problemática mundial de las drogas dada la dependencia económica de los países pobres y subdesarrollados ante las grandes potencias económicas del mundo, quienes son las que determinan por medio de entidades como el fondo monetario internacional FMI las políticas financieras que cada estado debe aplicar para cumplir con obligaciones adquiridas basadas en préstamos y créditos internacionales. En términos populares “quien pone la plata pone las reglas” en esa condición de dependencia limita y pone obstáculos en la búsqueda de nuevas alternativas, generándose un conflicto de intereses de toda índole (políticos, económicos, estratégicos, militares, sociales).
Según Mujica (2014), la legalización de la marihuana en Uruguay es "un experimento" y agregó que "los remachados retrógrados que no quieren cambios para nada, seguro se van a asustar". En este sentido todos los países del mundo deben observar y estar atentos a los resultados que el presidente de Uruguay prevé presentar al mundo y desear que la experiencia se pueda replicar a nivel internacional y de esta manera la legalización permita enfrentar este problema con otras políticas diferentes a las de la guerra.
Estas experiencias obligaran a los estados a revisar sus políticas antidrogas y principalmente sus políticas de salud pública, es decir, los consumidores deberán ser observados como pacientes y no como delincuentes. Además de esta situación también se permitirá que las políticas carcelarias para drogadictos se diversifiquen por alternativas de tratamiento terapéutico y en el tema de seguridad pública también habrá alivios entendiéndose que dejarían de existir las ollas de microtráfico y las redes del tráfico y expendio. Será factible que se requiera de un proceso de desmovilización de narcotraficante que se les pueda permitir legalizarse y seguir participando del negocio de manera legal, generando impuestos y empleos de calidad. Angélica Durán Martínez (2014), expresa el lado positivo de éste acuerdo y dice que “…aunque algunos critiquen el momento de anunciarlo, este tercer acuerdo entre el gobierno y las FARC es un paso decisivo hacia la paz y hacia la solución del problema de las drogas”.
En el acuerdo anteriormente estudiado se habla de muchos puntos. Desde la sustitución de cultivos con ayuda y asesoría a los campesinos para garantizar su subsistencia, hasta la erradicación a mano y excepcionalmente por fumigación a los campesinos que no quieran cooperar. A su vez se le da énfasis a la prevención y al tratamiento del consumo, reconociendo que se trata de un problema de salud pública. Incluso se observa que las dos partes están de acuerdo en “la necesidad de intensificar la lucha contra el crimen organizado y sus redes de apoyo… y en general de desarticular las redes de esas organizaciones”,cita el documento.
En el documento se insinúa la necesidad de ir pensando en la legalización, aunque no se menciona dicha palabra. En síntesis lo que se propone es una conferencia internacional para reflexionar, hacer una evaluación objetiva de la lucha contra las drogas y progresar en la construcción de consensos alrededor a los arreglos que sean necesarios. Pues alrededor de estos diálogos y más exactamente de este punto se han generado una serie de mitos como:
-En la habana están negociando el futuro de las FF. MM.
Pero lo que muestran los tres puntos acordados es que en ningún momento se ha puesto sobre la mesa el tema del futuro de las Fuerzas Militares y su capacidad de acción en todo el territorio nacional. Inicialmente las Farc-EP plantearon la posibilidad de la desmilitarización de zonas con cultivos ilícitos, pero en ese tema el que el Gobierno no cedió ni un centímetro. Y dejo claro que la Fuerza Pública mantiene también su accionar en el combate contra organizaciones ilegales.
- La fumigación se acaba.
Al igual que el anterior, no era cierto que se iba a sacrificar la fumigación. El poder ejecutivo se mantiene en contra de la opinión de la guerrilla su uso en zonas donde los acuerdos voluntarios de sustitución y la erradicación manual no sean posibles, bien sea por negativa de campesinos o por inseguridad. Al mismo tiempo, las Farc se comprometieron a desminar las zonas de cultivo.
- No reconocerán su participación en la cadena del narcotráfico.
En el tercer acuerdo se logró que la guerrilla, por primera vez en su historia, se comprometiera a poner fin a cualquier relación que se hubiese presentado con el fenómeno del narcotráfico.
El gran interrogante es qué tan sinceras son las Farc y qué papel real van a jugar.
Alejo Vargas: Politólogo y analista, Doctor en Ciencia Política, Magíster en política Social, Profesor Titular Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales; ex Vicerrector General, ex Vicedecano Académico Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y sociales, ex director del departamento de Ciencia Política, ex Director del Instituto Unidad de Investigaciones UNIJUS de la Universidad Nacional.
Armando Borrero Mansilla. Sociólogo colombiano de la Universidad Nacional. Especialista en Derecho Constitucional de la Universidad Externado de Colombia. Magíster en Ciencia Política de la Universidad de los Andes. Sus temas de interés en el área de investigación son la seguridad interna y las reformas a organismos de seguridad. Ha sido Consejero Presidencial de Seguridad y Consultor en temas militares.
Centro de Pensamiento Estratégico (CPE) del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia -www.cancilleria.gov.co/.../d.Cuatro%20Décadas%20de%20Guerra%20c...
Delegación de paz de las FARC-EP (2014). “50 propuestas mínimas-drogas ilícitas. Recuperado de http://www.pazfarc-ep.org/index.php/articulos/debe-saber/1962-propuestas-minimas-drogas-ilicitas".
Jaime Zuluaga Nieto: Abogado Doctor en Derecho y Ciencias Políticas- Master en Finanzas Públicas- Master en Planeación Económica – Candidato a Doctor en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales (EHESS), París.
León Valencia Agudelo (Andes (Antioquia)) es un analista, politólogo y autor colombiano. Fue guerrillero del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Dejó las armas en 1994 tras un proceso de paz con El Grupo de Renovación Socialista un grupo disidente del ELN. Fundó y presidió la ONG Nuevo Arcoíris.
Mujica, J. (2014). José Mujica sobre la legalización de la marihuana: "Los retrógrados se van a asustar" según BBC MUNDO. Recuperado de http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2014/05/140506_uruguay_entrevista_jose_mujica_jgc. Angélica Durán Martínez: Profesora del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Massachusetts-Lowell. http://www.razonpublica.com/index.php/conflicto drogas-y-paz-temas.
es.wikipedia.org/wiki/: Humberto de La Calle Lombana (Manzanares, Caldas; 14 de julio de 1946) abogado y político colombiano, nacido el 14 de julio de 1946 en Manzanares Caldas. Abogado, ex vicepresidente de la República. Jefe del equipo negociador por parte del gobierno en el proceso de paz con las FARC.
www.senado.gov.co › Prensa › Senadores noticias ÁLVARO URIBE VÉLEZ. Nació en Medellín el 4 de julio de 1952. Doctor en Derecho y Ciencias Políticas Presidente de la República de Colombia. 2002-2010.
www.elespectador.com › Noticias › Paz 17/5/2014.